El 24 de marzo de cada año, Argentina conmemora el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Esta jornada busca recordar los hechos ocurridos durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, promoviendo el análisis crítico del pasado y el compromiso con la defensa de los derechos humanos. La fecha remite al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional e instauraron un régimen de facto caracterizado por la persecución política, la censura y la represión sistemática.
La violencia política en Argentina no comenzó con la dictadura. Durante los años previos, grupos armados de diversa ideología, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, llevaron adelante atentados, secuestros y asesinatos. Organizaciones guerrilleras como Montoneros y el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) llevaron a cabo acciones armadas que incluyeron ataques a instalaciones militares, secuestros de empresarios y atentados explosivos. A su vez, el accionar de grupos parapoliciales como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) incrementó la violencia con asesinatos selectivos y amenazas a opositores políticos.
Con el golpe de Estado de 1976, el Estado adoptó una estrategia represiva sistemática que incluyó la desaparición forzada de personas, la tortura, la ejecución extrajudicial y la apropiación de niños nacidos en cautiverio. Se estima que alrededor de 30.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada, según organismos de derechos humanos, aunque otras fuentes sugieren cifras menores. Durante este período, centros clandestinos de detención operaron en todo el país, y las víctimas incluyeron militantes políticos, sindicalistas, estudiantes y ciudadanos sin vinculación con la lucha armada.
La restauración de la democracia en 1983 permitió la apertura de investigaciones sobre estos crímenes. El Juicio a las Juntas Militares, celebrado en 1985, marcó un hito al condenar a los principales responsables del terrorismo de Estado. Posteriormente, indultos y leyes de impunidad frenaron temporalmente las investigaciones, pero a partir de 2003, con la declaración de nulidad de estas leyes, se reanudaron los juicios por crímenes de lesa humanidad.
El Día de la Memoria invita a reflexionar sobre la necesidad de preservar la verdad histórica y garantizar que hechos similares no se repitan. La memoria no debe ser selectiva: reconocer tanto la violencia del terrorismo de Estado como la de los grupos insurgentes permite una comprensión más completa del pasado. La promoción de una cultura de derechos humanos debe basarse en la justicia y en el respeto a la dignidad de todas las víctimas.
A casi cinco décadas del golpe de Estado, la sociedad argentina sigue debatiendo cómo recordar su pasado. La educación y la investigación histórica juegan un papel clave en esta construcción de memoria, en la que el compromiso con la verdad y la justicia debe ser una garantía para las futuras generaciones.
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